Cambio climático y economía: una crisis que también se siente en la mesa

El cambio climático ha intensificado sus efectos de manera acelerada en nuestra región. Los distintos fenómenos climáticos que afectan a los países del Triángulo Norte de Centroamérica han generado consecuencias que trascienden el ámbito ambiental y alcanzan dimensiones sociales y económicas.

Durante 2026, los extensos periodos secos han representado un desafío particularmente significativo para las comunidades rurales. De acuerdo con datos de OXFAM y Acción contra el Hambre, se estiman pérdidas en la siembra de maíz que afectan a alrededor de 70 mil hogares de la zona rural (Martínez, 2026)[1].

En El Salvador, los efectos asociados al fenómeno de El Niño han incidido en el comportamiento habitual de los ciclos de producción de granos básicos y, por extensión, en parte de los alimentos que conforman la canasta básica nacional. La alteración de los patrones climáticos introduce un elemento adicional de incertidumbre para productores que dependen directamente de las condiciones ambientales para desarrollar sus actividades agrícolas.

La seguridad alimentaria ante la incertidumbre climática

Esta problemática también ha sido abordada desde el ámbito académico. Recientemente, la Universidad de El Salvador (UES) fue sede del primer Simposio de Ciencias y Tecnología, organizado por CONACYT, con el apoyo de instituciones como la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), además de la participación de investigadores de diferentes universidades.

Entre los hallazgos divulgados durante este encuentro se destacó la existencia de afectaciones a la seguridad alimentaria nacional, además, la incertidumbre climática ha dificultado cerrar la brecha de rendimiento necesaria para alcanzar ciclos más eficientes de siembra y producción agrícola (Castro Montoya, 2026)[2].

Este planteamiento permite observar que el cambio climático no constituye únicamente una problemática ambiental. Sus efectos pueden trasladarse progresivamente hacia ámbitos como la producción de alimentos, los ingresos de las familias rurales, el acceso al agua y, finalmente, el costo de vida de la población.

Comprender los ciclos de lluvia

Para comprender esta relación entre clima, agricultura y economía, también es necesario observar el comportamiento de las lluvias en El Salvador.

Según explicó Castro Montoya (2026), el país presenta un invierno bimodal, caracterizado por dos periodos de mayor intensidad de lluvia. El primero ocurre alrededor de mediados de junio y el segundo hacia mediados de septiembre. Entre ambos periodos se presenta una etapa de menor precipitación, conocida como canícula, que suele ocurrir entre principios y mediados de julio. Comprender estos ciclos resulta fundamental para la planificación agrícola, ya que la producción de granos básicos depende no solamente de que exista lluvia, sino también de que esta se presente en el momento adecuado y con una distribución suficientemente estable durante las distintas etapas del cultivo.

El estrés hidríco: otra dimensión de la crisis

A esta problemática se suma el estrés hídrico, que representa otro de los desafíos para las comunidades rurales. Según (Martínez, 2026), citando el estudio de OXFAM y Acción contra el Hambre, el acceso al agua potable se ha reducido en un 50 %. El mismo documento advierte que la falta de agua impacta directamente en el consumo familiar, la higiene, la producción agrícola y el cuidado de animales.

El problema, por tanto, adquiere una dimensión económica evidente. Cuando disminuye la disponibilidad de agua, también pueden reducirse las posibilidades de producción agrícola y generación de ingresos, mientras aumentan los recursos que las familias deben destinar para garantizar el acceso a este recurso esencial. La presión sobre el agua no afecta únicamente la vida cotidiana de las familias. También puede comprometer la capacidad productiva de las comunidades rurales y aumentar su vulnerabilidad frente a periodos prolongados de sequía.

Del cambio climático al impacto en la economía

Las consecuencias tampoco se limitan a los hogares o al sector agrícola. A largo plazo, el aumento de las temperaturas y las alteraciones en las condiciones climáticas pueden tener repercusiones sobre el desempeño de las economías nacionales.

El Grupo ad hoc de análisis de riesgos macroeconómicos provenientes del cambio climático y los desastres naturales (2025) analizó la relación entre las condiciones climáticas y distintas variables económicas. Según dicha investigación, un incremento de la temperatura puede generar efectos sobre el crecimiento económico[3].

En determinados escenarios analizados, un aumento de 1 °C está asociado con variaciones de entre 1,6 y 1,9 puntos porcentuales en determinadas variables económicas.

Pérdida en la tasa de crecimiento anual ante un incremento de 1 °C en la temperatura promedio | En puntos porcentuales o porcentajes

Estudio	Resultado	N° de rezagos	Cobertura geográfica	Especificación del modelo
Dell et al. (2012)	-1,3 p.p.	0 lag	Países en desarrollo	Panel
Dell et al. (2012)	-0,98 p.p.	1 lags
Dell et al. (2012)	-1,04 p.p.	5 lags
Burke et al. (2015)	0,3 p.p. (10 °C) a -1,2 p.p. (25 °C)	0 lags	Global
Burke et al. (2015)	-0,6 p.p. (10 °C) a -0,9 p.p. (25 °C)	5 lags
García-León (2015)	-0,03 p.p. a -0,06p.p.	0 lags	Unión Europea
Burke y Tanutama (2019)	-0,2 p.p. (10 °C) a -1,17 p.p. (25 °C)	0 lags	Global a nivel distrito
Burke y Tanutama (2019)	-0,8 p.p. (10 °C) a -2,9 p.p. (25 °C)	5 lags	Global a nivel distrito
Kalkuhl et al. (2020)*	-0,5% (10 °C) a -2,6% (25 °C)	0 lag	Global
Kalkuhl et al. (2020)*	-0,8% (10 °C) a -3,5% (25 °C)	1 lag
Kalkuhl et al. (2020)*	-2,4% (10 °C) a -2,6% (25 °C)	5 lag
Kotz, Levermann y Wenz (2024)*	-2,5 p.p.	10 lag	Global
Waidelich et al. (2024)	-0,82% (-2,27% a 0,62%)	0 lags	Global
Dell et al (2009)	-1,2 p.p. a -1,9 p.p.	–	América Latina	Transversal
García-León (2015)	-1,6 p.p. a -2,2p.p.	–	Unión Europea
Kalkuhl et al. (2020)	-2,0%	–	Global

Figura 1: Impacto del cambio climático en la producción agrícola de Centroamérica

Este escenario adquiere especial relevancia para países como El Salvador, donde el costo de los alimentos constituye una preocupación permanente para los hogares. De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR) citados en este análisis, la canasta básica pasó de un costo de $250.79 en agosto de 2025 a $264.73 en la actualidad.

Aunque el precio de los alimentos responde a múltiples factores económicos, la variabilidad climática puede convertirse en un elemento adicional de presión cuando afecta los niveles de producción agrícola y la disponibilidad de determinados productos.

La discusión también debe considerar la composición de la canasta básica salvadoreña. De acuerdo con información del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), citada por ICN Digital (2025), El Salvador posee una de las canastas básicas con menor cantidad de productos en comparación con otros países de la región. Según el CDC, Panamá cuenta con 59 productos y Costa Rica con 52. Más allá de la cantidad de productos que componen cada canasta, este contraste permite plantear una interrogante relevante: ¿qué ocurre cuando una economía con una oferta alimentaria limitada enfrenta, además, condiciones climáticas cada vez más variables?[4]

La pregunta adquiere importancia porque los cambios en los patrones de lluvia, las sequías prolongadas y las temperaturas elevadas pueden repercutir en la capacidad productiva del sector agrícola.

Adaptación y políticas públicas: una tarea pendiente

Ante este escenario, la discusión sobre el cambio climático debe trascender la preocupación ambiental y convertirse también en una conversación sobre políticas públicas, productividad, seguridad alimentaria y desarrollo económico.

Existen experiencias regionales que pueden servir como referencia. En Costa Rica, desde 2019, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica desarrolló un manual orientado a fortalecer las capacidades técnicas del personal institucional para la formulación de políticas públicas. Entre las iniciativas impulsadas por ese país se encuentra la Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica 2020-2030, orientada hacia una economía caracterizada por la descarbonización fósil, la competitividad, la sostenibilidad y la inclusión (Rodríguez Vargas et al., 2020)[5].

Para El Salvador, analizar este tipo de experiencias resulta relevante, no necesariamente para replicarlas de manera automática, sino para identificar mecanismos que puedan contribuir a fortalecer las capacidades institucionales de adaptación y respuesta ante los efectos del cambio climático.

Dicha política contribuiría a darle una posible respuesta a: ¿Cuándo comienza realmente la temporada de lluvia?

En el caso salvadoreño, uno de los puntos señalados por el Dr. Joaquín Miguel Castro Montoya es la necesidad de contar con una política ambiental agropecuaria que permita establecer parámetros claros para determinar el inicio de la temporada lluviosa y, con ello, orientar de mejor manera las decisiones de siembra.

De acuerdo con los parámetros señalados por el investigador y basados en datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se considera como referencia la acumulación de 25 milímetros de lluvia durante cinco días, con al menos tres de esos días registrando precipitaciones superiores a un milímetro, durante mediados o finales de abril.

Sin embargo, este parámetro por sí solo no garantiza que la temporada lluviosa se haya establecido definitivamente.

El Dr. Montoya explica que, si después de esos primeros cinco días de lluvia se presenta un periodo de hasta siete días sin precipitaciones durante las dos semanas siguientes, ese primer episodio puede considerarse un inicio preliminar. Esta distinción tiene consecuencias directas para los agricultores. Si un productor interpreta ese primer periodo de lluvia como el inicio definitivo de la temporada y realiza la siembra, existe el riesgo de que el cultivo no reciba posteriormente el agua necesaria para desarrollarse con normalidad y termine perdiéndose.

Por ello, contar con información climática oportuna puede convertirse en una herramienta fundamental para reducir riesgos en la actividad agrícola. La política pública, en este sentido, no debería limitarse a establecer parámetros técnicos. También debe garantizar que esa información llegue de manera clara y oportuna a los agricultores, mediante canales de comunicación accesibles que les permitan tomar decisiones con mayor certeza.

Variación de la intensidad de las precipitaciones a lo largo del tiempo

Uno de los principales desafíos está relacionado con la modificación de los patrones de lluvia. El Dr. Joaquín Miguel Castro Montoya, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UES, explica que los inviernos bimodales, caracterizados por dos periodos de mayor intensidad de lluvia separados por una etapa de menor precipitación, pueden modificar los ciclos tradicionales de producción (J. M. Castro Montoya, comunicación personal, [5 de octubre 2026])[6].

Este comportamiento puede afectar directamente cultivos como el maíz, cuya productividad depende, en buena medida, de la disponibilidad y distribución adecuada del agua durante las distintas etapas de desarrollo. El desafío, entonces, no consiste únicamente en enfrentar temperaturas más elevadas. También implica comprender cómo está cambiando el comportamiento de las lluvias y qué consecuencias tiene esa transformación sobre las actividades económicas que dependen directamente de los recursos naturales.

El cambio climático representa, en definitiva, un desafío multidimensional. Sus efectos pueden observarse en la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, pero también pueden trasladarse hacia los ingresos familiares, los precios de los alimentos y el desempeño de las economías nacionales.

En este contexto, hablar de cambio climático también significa hablar de economía y desarrollo. La evidencia recopilada por organismos como CEPAL, OXFAM y Acción contra el Hambre, así como los aportes realizados desde la academia salvadoreña, muestran la necesidad de fortalecer la investigación y la generación de políticas públicas orientadas no solo a mitigar las causas del cambio climático, sino también a adaptar los sistemas productivos y sociales a una realidad climática que ya está presente.

Es importante, además, hacer una distinción: las sequías no son un fenómeno nuevo. Han formado parte de la variabilidad climática a lo largo del tiempo. Lo que plantea un desafío adicional es la transformación en los patrones de lluvia y la incertidumbre que estos cambios pueden generar para actividades que dependen de ciclos climáticos relativamente previsibles.

Por ello, una política pública orientada al sector agrícola debe considerar no solamente cuánto llueve, sino cuándo comienza la temporada, cómo se distribuyen las precipitaciones y qué tan estable es ese comportamiento. Contar con sistemas de información climática accesibles, fortalecer la investigación científica y mejorar los canales de comunicación con los productores puede contribuir a que las decisiones de siembra respondan mejor a las condiciones reales del territorio.

Porque el impacto de una mala temporada agrícola no termina en el campo. Cuando disminuye la producción, también pueden verse afectados los ingresos de las familias productoras, la disponibilidad de alimentos y los precios que finalmente paga el consumidor.

El cambio climático, entonces, no solo modifica el comportamiento del clima. También puede modificar las condiciones en las que producimos, compramos y consumimos alimentos. Y es precisamente allí donde una discusión que comienza con la lluvia termina convirtiéndose en una discusión sobre economía, seguridad alimentaria y políticas públicas.

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Referencias